(In)justicia

Reclamo. | ADRIÁN ESCANDAR/INFOBAE

Marcos Salomón | Especial

▪ El Poder Judicial argentino no pudo resolver ninguno de los crímenes mafiosos de los 90, entre ellos el de Echegoyen, Cattáneo, Estrada y Di Natale.  Ahora, acusa a la presidenta de un grave delito a partir de una denuncia poco seria. Lo paradójico es que los mismos que salen a la calle a exigir justicia son los deben garantizarla.    

Si al presidente de un país lo acusan de un grave delito a partir de una denuncia poco seria, cuando menos desde el punto de vista jurídico, ¿qué nos espera a los ciudadanos comunes?

Si antes de demostrar la culpabilidad de un acusado, este debe demostrar su inocencia porque ya es cuasiculpable, ¿cuántos ciudadanos inocentes podrían terminar presos?

Si fiscales y jueces marchan para pedir justicia, ¿qué deben hacer los argentinos? ¿Quedarse encerrados en sus casas por temor a la injusticia?

Si los propios funcionarios judiciales piden justicia porque ellos no la pueden garantizar, ¿qué confianza queda en los procesos judiciales en este país?

Porque el atentado a la AMIA (así como el a la Embajada de Israel) y la muerte del fiscal Alberto Nisman deberían ser investigados por la Justicia. Pero si fracasan en su intento justiciable, entonces ¿el fracaso es del Poder Ejecutivo?

La palabra clave a esta altura es impunidad, pero también desconfianza y, sobre todo, ineficiencia. Porque al fotógrafo José Luis Cabezas no sabemos quién lo mató, porque el suicidio de Alfredo Yabrán aún es cuestionado.

Y Jorge Julio López es un desaparecido en la democracia, con un Poder Judicial incapaz (como en la dictadura) de encontrarlo.

Y la lista continúa:

-Rodolfo Echegoyen (1990), brigadier retirado, muerto con un balazo en la cabeza, la causa fue archivada como “suicidio”. Como titular de la Aduana investigaba negocios de drogas y lavado de dinero en Ezeiza (*).

-Horacio Estrada (1998): capitán de navío retirado, muerto con un balazo en la cabeza en su departamento de Arenales al 900. Estaba imputado en la causa por la venta y tráfico ilegal de armas a Ecuador (*).

-Marcelo Cattáneo (1998): empresario, fue encontrado colgado de una soga al cuello. Había sido imputado y era un hombre clave en la investigación por corrupción del caso “IBM-Banco Nación” (*).

-Mariano Perel (2001): financista. Apareció muerto junto con su mujer con un disparo en la nuca cada uno. Tenía vínculos con los servicios de inteligencia y era investigado por sus operaciones como director del Banco Mercurio por presunto lavado de dinero (*).

-Lourdes Di Natale (2003): secretaria privada de Emir Yoma, cuñado y asesor de Carlos Menem. Cayó al vacío desde la ventana de su departamento. Testigo clave de la corrupción menemista, sus denuncias complicaron a su jefe y al expresidente (*).

En la recorrida estamos hablando de cinco casos en poco más de una década, bajo las presidencias de Carlos Menem (corresponden tres casos); la de Fernando de la Rúa (uno) y la de Eduardo Duhalde (el restante).

El detalle: Menem fue dos veces presidente, De la Rúa se fue en helicóptero, Duhalde, un provisional tras la debacle de diciembre de 2001; después Néstor Kirchner y dos veces Cristina Fernández, pero siempre los mismos jueces y fiscales (salvo los de la Corte Suprema de Justicia, con excepción de Carlos Fayt).

Si desde 1990 no pueden resolver crímenes mafiosos relacionados con causas clave, ¿por qué fiscales y jueces deberían marchar para pedir justicia? En todo caso, ¿no sería tiempo de que los ciudadanos pidamos que se vayan todos del Poder Judicial? ¿O estamos condenados a la indefensión frente a uno de los tres poderes del Estado?

(*) Fuente: www.chequeado.com