El sentido de la pelea por la ley de medios

Hernán Álvarez,
periodista



La derecha argentina, que defiende con uñas y dientes el monopolio del discurso en su poder, intenta por estos días acabar con un debate político que lleva tres décadas y que está legitimado académicamente en todas las universidades públicas del país.
La ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que impulsa el gobierno nacional y que pretende regular el acceso y la propiedad de los medios de comunicación, es reclamada desde el regreso de la democracia para reemplazar la norma impuesta por la dictadura, que, desde sus modificaciones durante los 80 y 90, les permite a las grandes empresas tener la propiedad absoluta del discurso en los procesos de comunicación masiva en este país.
El proyecto oficial que debate el Congreso argentino prevé limitar la tenencia de medios a través de una cantidad determinada de licencias de señales de radio y televisión por empresas, límites que constituyen el punto central, el más reclamado de todos, de esta pretendida norma.
Desde 1983, la famosa ley de Videla fue modificada en varias oportunidades por presiones de los propietarios de los grandes medios ante los presidentes Raúl Alfonsín y Carlos Menem. En octubre de 1996, Menem abortó la minúscula participación que tenían las cooperativas sociales de acceder a licencias de radios, con un retoque al artículo 45 de la norma y dio paso a la conformación del más gigantesco monopolio de medios de América latina: Clarín.
Limitar la cantidad de licencias significa llevar a la práctica la pluralidad comunicativa, en un contexto de construcción democrática y en un proyecto de país que busque y concrete la igualdad para todos los sectores de la sociedad frente a la comunicación masiva.
La vigencia de la ley de facto significa mantener “zona liberada” para los grupos económicos en el control de la información, en el control de la práctica comunicativa y, por lo tanto, en el control del proceso de producción de sentido de un país.
La comunicación es el sentido del hombre que vive por y para la comunicación. La cultura no es, ni más ni menos, que el proceso de producción de ese sentido. Son los grandes grupos económicos los que elaboran y reelaboran las prácticas comunicativas de este país, son los que dicen, hacia adentro y hacia a fuera de él, cómo es la Argentina, quiénes viven en ella y de qué color de piel son sus habitantes.
Entonces, resulta absolutamente antidemocrático que los monopolios de los medios de comunicación masiva sigan protegidos por la ley de facto, no sólo por el origen de ésta en dictadura, sino también por la sencilla razón de que resulta antidemocrático que un monopolio tenga en sus manos ese proceso de producción de sentido que no es otra cosa que la cultura.
Ésta es, quizá, la síntesis más sencilla que pueda hacerse en defensa del democrático proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, sin entrar a analizar el discurso racista de los principales grupos, como el caso de Clarín.
Clarín, que se presenta ante la sociedad como el Gran Arzobispado o la Gran Corte Suprema Argentina, es el principal grupo que se opone a esta regulación estatal en el control de la comunicación masiva, por la sencilla razón de que sus medios son la pieza clave para el pretendido éxito electoral y económico de la derecha argentina.
La historia es el resultado de un proceso de producción de sentido y, en este caso, la historia del periodismo se encargó, y se seguirá encargando, de que Clarín no resista a sus propios archivos: la historia del periodismo mundial condena a Clarín como uno de los grandes impulsores de los procesos antidemocráticos de los últimos 50 años en Argentina. Pretendió siempre legitimar los intentos de la derecha para desestabilizar los gobiernos democráticos que implementan sólo algunas medidas que tocan sus intereses, como el actual gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
Contra la reproducción sistemática que Clarín emprendió hace dos meses en contra de la ley Servicios de Comunicación Audiovisual, marchan décadas de debates en los ámbitos académicos.
La insólita presencia de una ley de facto en democracia motivó que las universidades públicas argentinas en todas sus carreras de Periodismo y Comunicación Social adoptaran esta norma como parte central de sus programas de estudio en varias asignaturas.
Durante años, profesores y alumnos, ligados a las artes, la comunicación y al derecho, se han dedicado a múltiples estudios sobre la interacción de todo lo que permite esta ley en la sociedad argentina. Basta con mencionar el caso de los estudios sobre la industria cultural en Argentina para notar con claridad que en la universidad pública se reclamó históricamente la participación democrática en los procesos de reproducción cultural. Los medios son instrumentos de reproducción cultural y, por lo tanto, se reclamó históricamente desde las aulas sancionar leyes que eviten la monopolización. Desde el punto de vista de la industria cultural, se entiende que romper la monopolización de los medios es, actualmente, un punto de partida hacia la democratización en los procesos de reproducción cultural.
Contra la propuesta desestabilizadora de la derecha, el debate está largamente legitimado en todos sus puntos de vista: académico, político, cultural, económico y jurídico.
Otro aspecto que legitima esta ley impulsada por la Casa Rosada está relacionado con el ejercicio profesional de los periodistas y demás trabajadores de medios masivos de comunicación. Quizá sea el aspecto menos importante, si se tiene en cuenta la magnitud de la ley en el proceso de reproducción cultural. La inmensa mayoría de los periodistas del grupo Clarín, salvo raras excepciones como el caso del “arzobispo” Nelson Castro -un médico dedicado a la televisión y la radio-, están de acuerdo con ponerle límites a este monopolio. Algunos, preocupados por un interés colectivo; otros, porque saben que si no se arrodillan ante el discurso monopolista, simplemente se quedan sin espacios en los medios. Es el caso de la gran preocupación interna entre los trabajadores que generó la fusión Multicanal-Cablevisión. El periodista de Clarín que es expulsado de un medio de este grupo (TV, radios, diarios, revistas, editoriales, etc.) queda automáticamente desvinculado del resto de los medios del monopolio.
Estos son sólo algunos aspectos por los que cobra sentido la pelea por la “ley de control de medios”, como la llama Clarín. Los alfiles de la derecha en el Congreso dicen que el Gobierno avanza a las apuradas con el debate, sin darle tiempo a la sociedad argentina para el análisis del proyecto, cuando en verdad lo único que pretenden es hacer que fracase, otra vez, una ley que le pondrá límites a la tenencia de medios y dará pluralidad a la producción comunicativa.
Clarín mantuvo silenciado este debate durante toda la vida de la ley de la dictadura y pretende hoy hacer creer que ésta es una ocurrencia más de los Kirchner en el avasallamiento de las instituciones.