La patria arrocera apura la construcción de Ayuí

Hernán Álvarez,
periodista



Buenos Aires Económico. En medio fuertes acusaciones, que incluyen investigaciones en tribunales federales y provinciales, el gobierno radical de Ricardo Colombi apura en Corrientes los últimos trámites para que las empresas lideradas por el vicepresidente de Clarín, José Antonio Aranda, y el magnate norteamericano George Soros comiencen a ejecutar el polémico proyecto Ayuí. El 8 de septiembre próximo es el día: podrán comenzar a construir la represa de 8 mil hectáreas que sacará agua pública de un arroyo y abastecerá a nada más que cuatro grandes firmas que concentran el 25% de la producción arrocera en la provincia. La ansiedad de Colombi de poner en marcha este emprendimiento emerge de los cuestionamientos que se precipitaron con más fuerza en las últimas dos semanas: la Cancillería argentina adelantó que iniciará acciones judiciales para frenar el proyecto, y el fiscal federal de Paso de los Libres, Antonio Benito Pont, le pidió a un juez que cite a declarar a los impulsores de la iniciativa. Ambos planteos se basan en el gran impacto ambiental que implica el uso del arroyo Ayuí, es decir, de un importante caudal de agua pública ubicado a 50 kilómetros de los Esteros del Iberá. Los trámites están casi terminados. Dentro de 10 días, Aranda y Soros estarán en condiciones de ordenar los primeros trabajos para la construcción de la represa. Vencerá el plazo para que cualquier ciudadano impugne el uso del arroyo para fines privados. El titular del Instituto Correntino del Agua y el Ambiente (Icaa), Mario Rujana, confirmó a Buenos Aires Económico que desde entonces los empresarios "quedarán con toda la autorización oficial correspondiente para avanzar". Sólo deberán notificar al organismo con 30 días de anticipación para clavar la primera palada en el corazón del territorio correntino. Cuando Rujana habló con este diario, se mostró ansioso y fue insistente al señalar que el emprendimiento "cuenta con todos los estudios de impacto ambiental correspondientes". Dijo que su organismo "no permitirá que exista contaminación". Trató de desterrar todo intento de objeción cuando recordó que "solo 7 de las 97 personas" que asistieron a la audiencia pública, realizada en la ciudad Mercedes, se expresaron en contra. "Fueron a decir que esto va a ser contaminante y que va a destruir bosques nativos, pero no tienen ningún argumento científico", afirmó. Si se quiere, Rujana es un funcionario de tercera línea en el gabinete de Colombi. Pero su trabajo técnico resultó clave para los empresarios en el intento de legitimar científicamente la represa. Es ante él que cualquier ciudadano puede presentarse e impugnar el proyecto, pero en el marco de las exigencias que los mismos emprendedores y el gobierno provincial consensuaron en una ley provincial que Colombi puso en vigencia el 10 de junio pasado. El funcionario anticipó cuál será la respuesta a quien impugne: "Tiene que tener argumentos científicos para cuestionarnos". Por eso, los caminos elegidos por legisladores provinciales, funcionarios nacionales, judiciales, algunos intendentes correntinos y representantes de organizaciones ambientalistas conducen a la Justicia. Rechazan al organismo de Rujana "por falta de credibilidad" al considerarlo "juez y parte".
El 8 de septiembre será entonces el fin de un largo proceso que arrancó en 2005 cuando el actual gobernador y su antecesor, su primo Arturo Colombi, comenzaron a dotar al emprendimiento de todas las autorizaciones legales necesarias. Hicieron todo lo posible para ceder el uso de un recurso público, agua dulce en este caso, a la consolidación de un proyecto privado que prevé una inversión inicial de US$ 60 millones, según sus propios impulsores. Ricardo y Arturo se enfrentaron en una feroz lucha por el poder en la provincia; el año pasado fueron a elecciones y uno derrotó al otro. Pero lo que nunca hicieron fue sacarle el pie del acelerador a esta megaobra encabezada por Aranda y Soros. El formidable negocio del proyecto Ayuí los unió. Ricardo asumió el 10 de diciembre pasado, cuando, en medio de una silbatina, su primo le entregó la banda de gobernador. Al día siguiente, nombró como ministro de la Producción a Jorge Vara, en una decisión que no fue casual: para cumplir ese rol, éste funcionario dejó el cargo de presidente de la Asociación Correntina de Plantadores de Arroz. Esta entidad defiende con uñas y dientes la represa, exponiéndose como la "representante del sector productivo", mientras que ahora Vara tiene bajo su órbita al Instituto del Agua y el Ambiente. El miércoles pasado, ese Ministerio reunió a los técnicos del proyecto, representantes de los empresarios y funcionarios para que salgan a dar una última y cerrada defensa. Ricardo Freire, en representación de la Unión Transitoria de Empresas (UTE) que ejecutará la megaobra, salió con los tapones de punta ante una consulta de Buenos Aires Económico: "Acá el Gobierno nacional se mete para perjudicarnos cuando va a haber una inversión de US$ 60 millones, 1.500 puestos de trabajo y un gran crecimiento productivo. Nosotros vamos a avanzar".

Expansión
Este emprendimiento surge en el contexto de una expansión formidable de la producción de arroz. Con unas 80 mil hectáreas sembradas, ésta provincia se potencia como la principal productora del cultivo. Le sigue Entre Ríos con unas 3 mil hectáreas menos, pero con una capacidad de reservorios de agua dulce mucho menor. Está claro que Corrientes no es la patria sojera, producción que más bien escasea en sus campos. Pero la siembra del arroz nada tiene que envidiarle al avance de oleaginosa en otras partes del país. Los datos oficiales calculan que alcanzará las 100 mil hectáreas en la próxima campaña. La patria arrocera tiene sus propios atributos para competir con la sojera porque también es sinónimo de monocultivo y concentración de tierras. En este momento logra los mejores precios internacionales de la historia. Los US$ 600por tonelada de arroz para exportar, fundamentalmente a Brasil y Venezuela que son los principales socios, representan un alza del 19% en relación con 2009, y de un 100% si se compara con 2007. Estos son los datos que explican el apuro para almacenar agua como oro líquido en una represa de 8 mil hectáreas. Este gran lago, que arrasrá con los bosques nativos en esa amplitud, abastecerá a las firmas Pilagá, Copra y Tapantuva (de Clarín) y Adecoagro (de Soros), según datos de la Cancillería argentina. Éstas concentran cerca de 20 mil hectáreas sembradas, es decir, aproximadamente el 25% de producción de arroz. El 75% restante está en manos de un puñado de grandes productores correntinos que también apoyan a regañadientes el emprendimiento de Aranda y Soros. Algunos de ellos son el propio ministro de la Producción de la Provincia y la senadora nacional por el Partido Liberal, Josefina Meabe, quien viene siendo socia fiel de los primos Colombi en la política provincial de la última década.

Denuncias
La organización Salvemos el Iberá sostiene que la expansión de la patria arrocera se está comiendo parte de territorios urbanos. Las plantaciones rodean a Colonia Carlos Pellegrini, una pequeña localidad a orilla de los Esteros del Iberá, una de las reservas de agua dulce más importantes del mundo. El intendente de Monte Caseros, Eduardo Galantini, también sumó acusaciones esta semana cuando impulsó una ordenanza ante el Concejo Deliberante local para denunciar civil y penalmente a los responsables del emprendimiento. Aseguró a Buenos Aires Económico que la contaminación por el uso de agroquímicos llegará a Caseros porque el Ayuí desemboca en el río Miriñay, que bordea esa localidad. Los datos de este jefe comunal coinciden con los Salvemos el Iberá al señalar que el agua con agroquímicos, mediante el Miriñay, terminará en el río Uruguay. Justamente por esta confluencia de arroyos apareció la intervención del canciller Héctor Timerman, quien cuestionó la obra por la supuesta violación del Tratado del Río Uruguay. A las quejas se sumó el fiscal Benito Pont. Éste le pidió al juez de Resistencia, Carlos Skidelsky, que cite a declarar a los impulsores del proyecto o quien resulte responsable por la contaminación o cualquier manera de destrucción de espacios públicos. El funcionario judicial se amparó en el artículo 120 de la Constitución Nacional que le otorga la facultad de intervenir en defensa de "los intereses generales de la sociedad". El fiscal ordenó a la Policía Federal investigar las consecuencias del proyecto para recabar información que permitan iniciar una acción penal. Mientras tanto, la diputada provincial María Inés Fagetti cree que la justicia provincial citará en los próximos días a declarar a funcionarios de Colombi porque ella pidió que investigue la supuesta falsificación de los estudios de impacto ambiental que sirvieron para aprobar la ley que autoriza la obra. La legisladora denunció ante la prensa que para concretar la privatización del arroyo Ayuí, los técnicos borraron parte del texto en el que científicamente se admitía la destrucción de bosques nativos. Quedan diez días para ver el desenlace del polémico proyecto Ayuí: o es frenado al menos de manera preventiva por una orden judicial o avanza hacia la consolidación de un formidable negocio de la patria arrocera.