El trabajo en negro en los medios
El registro de empleadores sancionados. | CAPTURA DE PANTALLA
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▪ El empleo informal alcanza al 31,9%, según datos oficiales. La ley aprobada para combatirlo incluye el Repsal, donde figuran los empleadores sancionados. De Corrientes hay 23 y de Chaco, 77. Llama la atención que entre ellos no figuren las empresas periodísticas.
El empleo no
registrado en el país alcanza al 31,9 por ciento de la población económicamente activa (PEA), que,
pese a ser el punto más bajo desde 1990 (en 2003 era 49,7 por ciento), es
todavía alto. Se trata de un tercio que no tiene aportes jubilatorios ni obra
social y está desprovisto de los derechos más básicos de cualquier trabajador.
El año pasado, el
Ministerio de Trabajo de la Nación puso en marcha el Registro Público de
Empleadores con Sanciones Laborales (Repsal), creado en septiembre mediante la
Ley 26940, que establece estímulos para la registración laboral y penalidades a
los incumplidores.
Según un artículo publicado en el diario Página/12, cinco empresas de más de 1000 empleados
fueron detectadas por el Ministerio de Trabajo con operarios no registrados. Se
trata de grandes compañías con capacidad económica y contributiva, que
incurrían en la práctica de ahorrarse aportes a la seguridad social para
aumentar ganancias. Ellas son Gestión Laboral, Día Argentina, Buenos Aires Servicios de Salud BASA S. A., Fundación Instituto Quirúrgico del Callao y Carsa S. A.
Los datos fueron extraídos
del Repsal, al que se puede acceder en http://repsal.trabajo.gob.ar.
Allí figuran las empresas de todo el país sancionadas por incumplimientos, desde
el 9 de septiembre de 2014, a partir de
los operativos que realiza la cartera que conduce Carlos Tomada y que permitieron
comprobar que, como dice David Cufré en Página/12, la violación a las leyes
laborales y de la seguridad social que resguardan derechos básicos de los
trabajadores sigue siendo una problemática extendida en la economía nacional.
La página web del
Repsal dice que este “es una herramienta de carácter público para enfrentar el
empleo no registrado y promover el derecho a un trabajo digno con una
remuneración justa, acceso a la seguridad social y a la representación
sindical, y evitar la competencia desleal entre empresas”.
En él se publican
las sanciones firmes por trabajo no registrado aplicadas por el Ministerio de
Trabajo, la AFIP, autoridades provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (Renatea) y
la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT); por obstrucción a la
inspección, sentencias judiciales por relaciones laborales no reconocidas por
el empleador, sanciones por infracciones a la prohibición del trabajo infantil
y protección del trabajo adolescente, y las sentencias por infracción a la Ley
de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas.
Aclara que mientras
los empleadores sancionados permanecen en el Repsal “no pueden acceder a
programas, acciones asistenciales o de fomento, beneficios o subsidios
administrados, implementados o financiados por el Estado nacional, líneas de
crédito otorgadas por bancos públicos, ni celebrar contratos de compraventa,
suministros, servicios, locaciones, consultoría, alquileres con opción a
compra, permutas, concesiones de uso de los bienes del dominio público y
privado del Estado nacional, que celebren las jurisdicciones y entidades
comprendidas en su ámbito de aplicación”.
Además, “no pueden
participar en concesiones de obras públicas ni de servicios públicos o
licencias, ni acceder a los beneficios económicos de promoción de las
contrataciones previstos en los artículos 19 y siguientes y 24 y siguientes de
la Ley N° 26940”.
De Corrientes
figuran 23 empresas sancionadas, entre ellas un club de fútbol, un instituto y
una constructora, de la capital; un aserradero de 9 de Julio y otro de Santa
Rosa, y una empresa de citrus de Bella Vista. De Chaco hay 77, entre ellas, empresas
de transporte, constructoras y de seguros.
La tasa de
detección más alta de trabajo en negro se da en los sectores de agricultura y
la construcción, con niveles de 50,8 y 34 por ciento, respectivamente. Sin
embargo, esas ramas exhiben la menor tasa de regularización. Los empleadores
más propensos a poner en regla a sus asalariados cuando son descubiertos
incumpliendo con la normativa están en el sector gastronómico, la enseñanza y
la industria manufacturera, señala Tomás Lukin en Página/12.
Lo que llama la
atención es que en el Registro no figuren las empresas de medios de comunicación
de Chaco y Corrientes, que, se sabe, tienen altos niveles de empleo no
registrado. Los diarios, las radios, canales de TV y los sitios de noticias de
Internet, en su gran mayoría, tienen a la mayor parte del plantel en negro, con
salarios muchos más bajos que los establecidos por convenio y muy precarizados.
Sería importante que los encargados de los operativos tengan en cuenta ese
sector de los trabajadores, ya que casi la totalidad de los dueños de medios no
son precisamente insolventes. Son violadores seriales de la ley.
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