El argentino medio

Fito Paniagua

La inseguridad y las protestas en las calles son por estos días en la Argentina las únicas noticias, y de nuevo se alzan voces a favor de la instauración de un Estado bayonetario para frenar la delincuencia y despejar de manifestaciones eso que ahora llaman “espacio público”. Si uno se dejara llevar por lo que informa gran parte de la prensa, llegaría rápidamente a la conclusión de que en este país ya no se puede vivir. Prevalece la idea de una nación sumida en el caos y la violencia prerrevolucionaria, y se respira una nostalgia noventista cuyo único fin es estimular en la sociedad la legitimación de medidas represivas.
El flamante ministro de Educación porteño, Abel Posse, días antes de asumir, dio cátedra de fascismo al escribir sobre la inseguridad y las protestas en una columna en La Nación, en la que plantea como una señal de cobardía el hecho de que el Estado no salga a matar a delincuentes y manifestantes para reinstaurar el orden en las calles.
Posse culpa a los Kirchner de prohijar “el vandalismo piquetero, el desborde lumpen y la indisciplina juvenil”, y de entregar la calle. Reivindica a la dictadura militar (habla de “virus ideológico”, “visión trotskoleninista”, “revolución socialguevarista”) y condena a los “guerrilleros que rodean” a los Kirchner y a quienes, en el tema de la inseguridad, se fugan “hacia la prevención educativa, la recuperación del joven delincuente y la inclusión social” y omiten hablar de “armas y medios de acción inmediato”.
El providelista Hugo Biolcati, presidente de la Sociedad Rural Argentina, aportó lo suyo: pidió “descabezar” el gobierno de la provincia de Buenos Aires, tras el trágico final de la familia Pomar (*), revelando, una vez más, el profundo desprecio del dirigente ruralista por el sistema republicano.
La voz de alerta sobre el supuesto estado de indefensión que vive la Argentina ya se había hecho sentir con fuerza con los eructos de Susana Giménez, Marcelo Tinelli y Mirtha Legrand sobre la inseguridad. Los tres conductores de TV, según ellos mismos, piensan “como el pueblo”, es decir, ellos son los intérpretes de una mayoría que cree que la delincuencia se combate a tiros y mandando a los chicos a los regimientos, y las calles se liberan a fuerza de represión policial, como si necesitáramos más Kosteki, Santillán y Fuentealba.
Ahora bien, llama la atención que alguien como Susana, que vive entre Punta del Este y Miami, se constituya en referente de millones de personas que viven en Argentina y en exegeta de sus problemas cotidianos, y alguien como Tinelli, que en su programa hace una clara apología de la violencia y rinde culto a un personaje grotesco hijo de un millonario, entre otras obscenidades, se revele preocupado por lo que pasa en las calles.
Hace unos días, mataron a una mujer en Lanús para, según las noticias, robarle el auto, y el hecho desató la furia de un grupo de vecinos, que, siguiendo los consejos para combatir la inseguridad de la carismática diva de la TV pidió el regreso del servicio militar obligatorio y la muerte para los delincuentes. ¿Se acuerdan de “el que mata debe morir”?
Con autoridad para hablar del tema o sin ella, lo cierto es que lo que dicen Marcelo, Mirtha y Susana sobre la inseguridad encuentran eco no sólo en los medios. Sus afirmaciones tienen gran aceptación en el argentino medio, que, como tituló una vez la revista Barcelona, se revela cada tanto como medio facho, medio garca y medio tilingo.
Quizá la respuesta a este fenómeno de identificación con frívolos personajes de la farándula y su veleidosa visión de asuntos bien complejos, se halle en esa profunda contradicción que anima al argentino medio, que, por dar un ejemplo, hace que se sienta extasiado con José Pepe Mujica, el ex tupamaro elegido presidente del Uruguay, pero condena el supuesto perfil setentista del gobierno de los Kirchner.
Por si no está claro, Mujica fue un guerrillero, que, como los montoneros en Argentina, optó por la lucha armada en la década de los 60 en Uruguay. Fue uno de los fundadores del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, se enfrentó a tiros con la policía, huyó por las cloacas, fue herido gravemente de seis balazos, se escapó dos veces de la cárcel de Punta Carretas, estuvo preso 13 años, fue torturado…
Pese a la admiración que despierta, es impensable que alguien como Mujica sea elegido presidente de Argentina, un país que aún justifica y reivindica el terrorismo de Estado y todo aquello contra lo que precisamente luchó el electo presidente de Uruguay en defensa de los desamparados.
Mirtha, Susana, Tinelli, Biolcati, la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió; el escritor Marcos Aguinis y el rabino Sergio Bergman (versión intelectualizada del aforista José Narosky), por nombrar sólo a algunos, constituyen hoy un concierto de voces opositoras al gobierno de los Kirchner, en el que ven la amenaza de un Estado socialguevarista, por citar terminología de Posse, sólo por esa suave brisa de progresismo que sopla desde la Casa Rosada.
Aguinis llegó a hablar de grupos armados en el norte del país, al mejor estilo de los 60 y 70, dispuestos a sembrar el terror. Y Bergman, en uno de sus aforismos, dice, palabras más, palabras menos, que “hay que dejar de conmoverse y empezar a moverse”, esto es, movilizarse, salir a las calles, protestar. Ahora bien, Bergman pide movilizarse contra los que se movilizan y cortan las calles de la ciudad de Buenos Aires.
Un informe del programa Seis, siete, ocho, de Canal 7, puso de manifiesto el perfil facho y tilingo del argentino medio. Por un lado, acepta al hijo del millonario estrella del programa de Tinelli al punto de convertirlo en modelo, y, por otro, rechaza a una luchadora social como la jujeña Milagro Sala, percibida por la “gente” como violenta, sobre todo, a partir de la denuncia en su contra del ex jefe de la UCR Gerardo Morales, por un episodio que vivió el siempre crispado senador en Jujuy.
La inseguridad en la Argentina es real y existe la sensación de que ha crecido en los últimos años, sobre todo en centros urbanos del interior donde hace unos pocos años se podía caminar con tranquilidad y los actos de pillaje callejero eran menos frecuentes.
Pero las formas simplificadas de entender el fenómeno que proponen los medios de comunicación y algunos observadores de la realidad sólo llevan a estigmatizar a grupos sociales como peligrosos y violentos, a generar pánico, alimentar una cultura del miedo y conducir a ciertos sectores a replegarse y a apelar al odio y la intolerancia como métodos de autodefensa.
Después de todo, ¿quién es más violento? ¿El hijo del millonario que exhibe obscenamente su riqueza en TV? ¿O Sala, que lucha por los derechos básicos de miles de desamparados?

* Acerca de este caso, se puede leer en este blog Todos somos la familia Pomar

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A propósito de los Pomar y la maldita policía

Reproducimos gran parte de este artículo por cuestiones de corrección que este blog prioriza en las notas que publica. De todos modos, el texto completo puede leerse en http://www.agenciacomunas.com.ar/nota.asp?notaid=65838

Por Hernán Jaureguiber y Bernardo Alberte (h), Agencia Comunas. El llamado “misterio de los Pomar” nos ha brindado una muestra más de nuestra patética realidad. Hallados los cuerpos y el automóvil a la vera del camino, en el lugar más obvio para encontrarlos a las pocas horas del accidente, su demora de 24 días es la muestra más palmaria del siniestro accionar policial y de su descontrol. Huelgan las palabras para describir la inutilidad de las fuerzas policiales para cumplir sus elementales tareas. ¡Que huérfanos de musas inspiradoras han quedado quienes se atrevan a abordar el género literario de la novela policial!
Lejos del genial Sherloock Holmes, nuestros sabuesos han demostrado que sólo tienen olfato para la mozzarella y los delitos de la prostitución y el narcotráfico, claro que en estos casos como socios del crimen.
Las autoridades políticas, muestran su inaniedad de recursos para conducir a los delincuentes de uniforme. Estas líneas no intentan teorizaciones sobre criminología, ni recetas contra la inseguridad, porque sus autores no tienen el conocimiento para brindarlas.
Sin embargo, sumando todos los casos irresueltos de investigación, prevención y represión del delito, resulta evidente que los agentes del orden vernáculos, únicamente sirven para reprimir protestas estudiantiles, sociales o desórdenes en recitales, sin siquiera lograr los básicos fines de dispersión de la multitud, pese a que en sus fallidos intentos, siempre despuntan su vicio de golpear salvajemente a individuos desarmados.
A la lista de fracasos policiales debe agregarse la impunidad y el escándalo en el procedimiento, que incluye sospechar a las propias víctimas, citando por caso, el del padre de la niña Sofía, detenido y sospechado al igual que ocurrió con Fernando Pomar durante estos 24 días.
Qué decir del destino del testigo Julio López. O de José Luis Cabezas. O de la Masacre de Ramallo. O el crimen de Kosteky y Santillán. Siempre la maldita policía involucrada directa o indirectamente. Imposible no sumar a la lista las vinculaciones en el caso Amia en donde se sospecha del comisario Palacios, devenido en la respuesta del jefe de Gobierno porteño para garantizar seguridad a sus vecinos.
Y entonces, frente al reclamo incesante de sectores de la población clamando ¡se-gu-ri-dad, se-gu-ri-dad¡ resulta una obviedad concluir que no puede esperarse un éxito en la materia, contando como sujetos activos de las medidas reclamadas a estos agentes impresentables.
¿Cuántas muestras más se precisan para saber que quienes deben garantizar la seguridad no saben absolutamente nada sobre el tema, ni son idóneos y además están involucrados en los peores crímenes que deberían combatir? No se trata de razones ideológicas de izquierda o derecha, como podría suponer un análisis sobre las causas del delito; o la necesidad (o vocación) de algunos sectores de reprimirlo a costa de cualquier medio. Se trata simplemente del análisis de la segunda opción, no respecto de su legitimidad ética, sino de su efectividad, aún prescindiendo de la exégesis moral.
Darle más poder de fuego o de operatividad a los elementos policiales es como darle un cuchillo a un simio, que sin dudas atacará a cualquiera, incluido su amo. De quienes no encuentran a 4 cuerpos desperdigados en 40 km, mal puede esperarse que encuentren a un asesino y mucho menos que lo aprehendan en movimiento.
Es inconsistente cualquier argumento que se dirija únicamente contra las autoridades civiles para fundar el descontrol de estas fuerzas, puesto que las condujeron desde menemistas fiesteros, hasta militares fascistas como el caso Rico, llegando a recontra derechosos como Macri, que se topa desde el inicio con el nada fino de Palacios y sus escandalosos espionajes sin poder controlarlo. Tampoco resultaron acertadas las políticas cuasiprogresistas como las intentadas por Arslanian, Juampi Cafiero, entre otros.
Es notorio que no depende de la conducción política, ni judicial, porque no esperarán que un ministro reemplace al custodio de una sucursal bancaria mientras éste manda mensajes de texto en vez de estar atento a la circulación de personas. Como tampoco puede pedírsele a la fiscal que recorra, a pie o a caballo, los 40 km donde fueron encontrados los cuerpos de los desdichados Pomar. Se podrá decir que las fuerzas deben ser purgadas, pero resulta a todas luces una tarea, por lo menos, sumamente extensa en tiempo que no evacuará las necesidades urgentes de los atemorizados clamantes de seguridad.
Por lo demás, la novel policía de la Ciudad de Buenos Aires, es el caso más patente de la imposibilidad de la purga, cuando la corrupción existe antes de que nazca la criatura. Por lo tanto es notorio que, si existen soluciones, estas no son sencillas ni pueden ejecutarse con la celeridad que espera parte de la población, mediante reclamos amplificados por los tendenciosos medios de comunicación. Estamos frente a un problema serio, que no parece de breve resolución.
Entonces, admitiendo que la apuesta es a largo plazo se impone el deber de analizar si no es más conveniente (por supuesto que además de ético) suprimir las causas que producen el delito antes que atacar al hecho ya consumado, puesto que esta tarea, aunque lenta también, parece menos difícil que enderezar a las fuerzas policiales.

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Todos somos la familia Pomar

Catriel López Acosta,
periodista



El caso de la familia muerta y abandonada al costado de la ruta por casi 30 días conmocionó al país. La procesión de conocidos y desconocidos al lugar del accidente, los debates públicos sobre el hecho, las conversaciones privadas de lamento y desconsuelo. Todos son síntomas de una catástrofe nacional, de la congoja de todo un pueblo. Pero hilando más fino se nota también que es un reflejo de nuestra sociedad: accidentada, abandonada, sin nadie que la pueda ayudar. Muerta.
Algún ávido periodista de policiales notó enseguida que la desaparición de una familia entera, sin pistas o hipótesis firmes, era una gran noticia. Y lo fue. La misma se desparramó y comenzó a crecer a medida que pasaban los días y la familia no aparecía.
Los Pomar salieron de su casa el 14 de noviembre de una localidad bonaerense a otra. De José Mármol a Pergamino. No llegaron nunca. Sus familiares no podían comunicarse. No hubo una llamada de alerta. No hubo pedido de rescate. A penas una fotografía automática tomada por la cámara de un peaje, de uno de los caminos que une José Mármol con Pergamino. Justamente.
Un funcionario, casi tan despierto como el periodista que descubrió la noticia, ordenó inmediatamente que se movilicen todas las fuerzas de seguridad. Y lo hicieron, por aire, tierra y agua. La noticia ahora era el trabajo de búsqueda, los helicópteros y los policías con perros; ya no los desaparecidos.
En cualquier programa de televisión, de radio, o simplemente en alguna peluquería, bar o reunión de amigos, se deslizaban hipótesis. Cada quien se quedaba con la que más le gustaba: el padre abusador que violaba sistemáticamente a sus hijas y, perdido en su locura, no tuvo más remedio que matar a su familia y suicidarse. La del esposo violento, golpeador y que terminaba con el mismo desenlace. El secuestro, decían otros sin mucho fundamentos. Que se escaparon, calculaban quienes se paraban a opinar desde la situación económica de los Pomar. Y otro descartaba: “Si en Argentina todos los que tienen deudas desaparecen… ¿quién queda en el país?”. Las versiones eran muchísimas.
Parece importante detenerse en una. Un señor, Zerpa de apellido, se sentó en un programa de televisión que basa el 90 por ciento de su contenido en el sexo, que invita a chicas casi desnudas y habla de esposos infieles y que viven de boliche en boliche. Ese señor, Zerpa, sentado en esa mesa, opinó de una familia entera que hace casi 30 días nadie veía.
Habló de un secuestro ovni, de lo que este tipo de gente llama abducción, y que cinematográficamente generalmente se representa con una luz blanca levantando una persona o un auto hasta un platillo volador extraterrestre.
Zerpa quizá no pensó en la madre y abuela que podía estar mirando el programa, buscando respuestas, rezando por la vida de cuatro de sus personas más amadas. Que seguramente no comía y no dormía hacía mucho tiempo, que estaba muy triste y desesperada. A la que nadie llamaba pese a que la foto de sus dos nietitas salía cada cinco minutos por televisión. Y su hijo, el que crió de bebé, también en la foto. Y ese señor Zerpa que le decía que vino el platillo de James Cameron y lo llevó con su luz blanca para meterle tubos en la nariz.
Zerpa habló en el programa un día antes que aparezcan los Pomar muertos. Fue en el programa mejor llamado de la televisión argentina: Animales sueltos, mejor llamado no porque el nombre sea bonito, está claro.
Cuando aparecieron los cuerpos, las hipótesis cayeron. Los Pomar quizá tenían algunos problemas económicos, como tantos. Quizá el hombre de la casa no era una persona de carácter suave, pero hay muchos que no lo son y no por eso asesinan a su familia. Nada parece indicar que don Pomar haya violado a sus hijas.
Argentina se quedó sin hipótesis, se atragantó con su mediocridad, se dio cuenta de que la que se murió fue una familia como tantas otras. Una familia que salió de viaje, buscando trabajo en su fin más profundo, con los problemas económicos a cuestas, con el cansancio seguramente corroyendo a una pareja por dificultades que todos tienen. Una familia que, como tantas otras, tuvo un accidente.
Los programas de televisión, las peluquerías y los bares se quedaron sin nada para agregar. Podría decirse que los Pomar le dieron una lección y que muchos iban a aprender a ser más cautos a la hora de opinar. No fue así. Vino la catarsis.
Y la catarsis fue, como tantas otras veces, buscar a los culpables. Culpables, culpables; y no como esos inmunes extraterrestres que abducen y se van.
Y así anda el país, tratando de culpar a la policía, al perro que no olió el olor a la muerte o el helicóptero que no voló sobre la desgracia. Y no se da cuenta de que su agonía es tan intensa como la de las dos nenas Pomar y de sus padres.
Argentina es un país accidentado desde hace años, abandonado al costado de todas las rutas que la pueden llevar al progreso, con personas inoperantes y corruptas a cargo, que no lo van a poder sacar jamás de entre la maleza.
Y como esta nota está dirigida a gente que vive en Argentina, se podría decir que todos somos la familia Pomar, viajando camino a la muerte, sino se hace un alto y se cambia el rumbo pronto.

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Los mayas, el fin del mundo y el NEA

Fito Paniagua

Justo cuando NatGeo emitía un documental dedicado a las predicciones mayas sobre el fin del mundo, el nordeste argentino quedaba a oscuras por la salida de servicio de la represa hidroeléctrica de Yacyretá. A poco del inicio del apagón, cerca de la medianoche del domingo 29, una fuerte tormenta se abatió sobre la región, que soporta desde hace unas semanas intensas lluvias y la crecida de los ríos, con las consecuencias previsibles en una zona donde gran parte de la población subsiste en la pobreza.
En verano, el fin del mundo se siente más cerca en estas tierras, asoladas por los cortes de luz cada vez que la temperatura se acerca a los 40º y por el agua que llega hasta las rodillas cada vez que llueve mucho. Cualquier embate de la naturaleza hace colapsar la infraestructura y los servicios más básicos, y deja a miles de pobladores en medio del desamparo. Sólo por la lluvia del lunes a la madrugada, unas 3.000 personas debieron abandonar sus casas en la capital correntina.
Se dice habitualmente que las precipitaciones son cada vez más intensas y que es difícil hacer frente a fenómenos extraordinarios como el ocurrido en los últimos días, cuando en algunas localidades de la región llovió más de 200 milímetros en pocas horas. También se dice que los apagones son inevitables porque el consumo excede la capacidad de las redes de energía, pese a que en esta región se emplaza una de las represas más importantes del país, la misma que salió de servicio el domingo por casi tres horas, en prevención ante una tormenta del tamaño de la provincia de Corrientes.
Más allá de estos fenómenos extraordinarios, en la ciudad de Corrientes, un conglomerado urbano de unos 300.000 habitantes, son habituales los cortes de luz durante la canícula, y lo son más aún en el interior de la provincia, donde el servicio de energía es realmente precario. El mismo jefe de la Dirección Provincial de Energía (DPEC), Julio Espínola, dijo hace poco que los cortes de energía no se podrán evitar debido a que en décadas no se invirtió un solo peso en las redes. Lo dijo como si tratara de una revelación y como si él no fuera en parte responsable de semejante cuadro de abandono.
Sin entrar a analizar los porqués de los sucesos climáticos bruscos y violentos como los ocurridos en los últimos días (aunque es sabido cómo ha influido el hombre en el curso de la naturaleza en los últimos cien años), es posible prepararse para que el calor, las lluvias y las crecidas de los ríos provoquen daños menores. Para ello son necesarias planificación y decisión política de invertir en infraestructura clave y no en obras que sólo dan réditos electorales y sirven para que los funcionarios sean aplaudidos durante el corte de cintas.
En general, los barrios que se inundan cada vez que llueve fuerte son los que construye el Estado en las zonas periféricas de los centros urbanos, con materiales de bajo costo y sin la infraestructura adecuada. Eso sí son muy costosos, porque la obra pública es en Argentina un gran negociado del que usufructúan funcionarios y empresarios.
En un artículo publicado en Le Monde diplomatique sobre las muertes que causó la canícula en Francia en agosto de 2003, Martin Winckler, médico y escritor, opina que es posible prepararse para una catástrofe, aunque ésta sea de gran envergadura. Y marca que, si bien un terremoto puede implicar varias decenas de miles de muertos en Turquía, un país como Japón supo equiparse para que un sismo de igual amplitud produzca sólo un puñado de víctimas.
A fines de 2004, un tsunami azotó Indonesia y dejó más de 200 mil muertos en una vasta zona del océano Índico. La devastación fue única, sin embargo, de haber existido un sistema de alerta en la zona las consecuencias hubiesen sido menores para muchas de las poblaciones que fueron literalmente arrasadas por el agua. Está claro que un fenómeno natural golpea con más fuerza allí donde el desamparo es mayor.
Si los mayas fueron capaces de vaticinar cataclismos que, posiblemente, terminarán con el mundo el 21 de diciembre de 2012, según el documental de NatGeo que no pudimos terminar de ver el domingo por el apagón, hoy, con los adelantos tecnológicos los fenómenos climáticos no pueden resultar imprevisibles.
Nadie desconoce que la temperatura del planeta va en aumento y que los veranos se tornan cada vez más implacables. Por lo tanto, es lógico que el consumo de energía aumente en esa época, con lo que el colapso de la red de energía responde más a la falta de previsión y a la desidia de los gobernantes que a la proliferación de los ambientes refrigerados en los centros urbanos.
Lo mismo ocurre con las lluvias. Las precipitaciones son cada vez más intensas y los informes meteorológicos dan cuenta de ello con suficiente anticipación. Y hay razones para que así ocurra: por dar un ejemplo, la deforestación en el Impenetrable chaqueño, devenido en un páramo gracias a la soja, es un atentado que la naturaleza nos está haciendo pagar.
Con todo, y aún lejos de ser Japón, si se tomaran las medidas adecuadas, los efectos y las pérdidas serían menores. Hoy, en cambio, el estado de abandono de la infraestructura básica de los poblados está ocasionando estragos y las escasas soluciones que se dan en medio de la urgencia acarrean otros problemas. Con las lluvias, las redes de desagües colapsan, barrios enteros quedan bajo agua y la gente afectada, la mayoría pobre, pierde lo poco que tiene, todo porque lo que se hace en materia de obra pública es deficiente. Con los apagones, todo se paraliza y la economía se resiente: hace unas semanas, muchos comercios de la capital correntina decidieron no atender debido a la recurrencia de los cortes.
Sin embargo, esto parece no ser entendido por nuestros gobernantes, que siguen dilatando las soluciones para los verdaderos problemas, actuando siempre detrás de los acontecimientos y dilapidando dinero público en cuestiones que están lejos de ser prioritarias. Mientras tanto, el precio que debemos pagar todos por tanta imprevisión, improvisación e impericia es demasiado alto.

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La inundación, Holanda y Dios

Por Mempo Giardinelli, Página 12. Una amiga me manda un mail, fraternalmente preocupada: “...los noticieros a veces exageran, pero quiero saber si estás en Resistencia, si están bien, si los complicaron las lluvias”.
Siento una rabia profunda que se sobreimprime a la ternura que me produce la carta de mi amiga. Respondo:
“Los noticieros porteños siempre exageran, sobre todo si –como ahora– se trata de hacer antikirchnerismo barato. Son capaces de cualquier cosa, sólo les falta decir que Cristina tiene la culpa de la lluvia. Por eso en casa practicamos la sana terapia de no mirar más la tele. Todo mejora si uno acaba con TN, América, el 9, el 11, el 13 y demás. La vida readquiere sentido. De veras.

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La nueva criminalización

Varios autores, Rebelión. Declaraciones como las que vienen realizando los dirigentes de la UCR, Gerardo Morales, y de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, identificando a los movimientos piqueteros con la violencia son absolutamente funcionales a las políticas que desde los sectores más reaccionarios y conservadores de la sociedad claman por mayor represión a la protesta social en nombre de la “seguridad” de los propietarios y del castigo a los desposeídos. Diarios como Clarín y La Nación y los medios de comunicación a ellos asociados se han unido rápidamente a una campaña de difusión y magnificación de estas posiciones.

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La prostituta calle y los honestos ciudadanos

Por Martín Caparrós, Crítica de la Argentina. Este miércoles, en el centro de Buenos Aires, todos se acordaban de las madres de todos, porque las calles habían dejado de ser vías de circulación vehicular para convertirse en pantanos políticos. Los honestos ciudadanos se molestan –para eso están los honestos ciudadanos– de que últimamente la política se dirima en la calle. O, mejor dicho: de que una parte de la política se dirima en la calle.

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Contradicciones

José Luis Brés Palacio

Hay una diputada provincial de Chaco que comenzó una cruzada contra la línea telefónica que asesora acerca del aborto seguro. Presentó una demanda penal contra la misma y dijo que “los legisladores que se dicen defensores de los derechos humanos no defienden la vida”.
Hay una legisladora que respaldó al abogado defensor de genocidas en Corrientes cuando éste pretendió dar una ponencia en la Cámara chaqueña acerca de, nada más ni nada menos, la trata de personas; y los legisladores se opusieron a su intervención atendiendo a sus lamentables antecedentes de defensa de terroristas de Estado. “Debemos terminar con los rencores”, dijo entonces. Como si separar paja de trigo en temas como derechos humanos y justicia fuera sólo una cuestión de rencores y perdones.
Hay alguien en la Legislatura chaqueña que culmina sus intervenciones con la lectura de algún que otro pasaje de la Biblia.
Aparentemente, estaríamos hablando de tres personas con escalas de valores diferentes, morales distintas e ideologías diametralmente divergentes.
Pero, no. Las tres actitudes son encarnadas por una misma persona: la diputada provincial de la Alianza Frente de Todos Clelia Ávila.
Entonces, muchísimas palabras se nos caen del diccionario. Y sólo nos quedará un sustantivo: contradicción.
Tal parece que la contradicción forma parte de la condición humana. Nadie está exento. Claro, parece más visible en el mundo de la política. Y en esto los radicales vernáculos tienen experiencia sobrada.
Baste recordar que el 14 de octubre sus diputados “se apuraron” a modificar la reglamentación del cuerpo legislativo para poder “quedarse” con la Presidencia del Poder Legislativo después del 10 de diciembre.
Los representantes del mismo partido cuyos militantes y representantes aullaban en cuanto micrófono o cámara se les acercara porque no podían entender cuál era el “apuro” de la presidenta Cristina Fernández para que se tratara el proyecto de Ley de Servicios Audiovisuales, recientemente convertida en ley.
Contradicción.
Contradicción el abrazo de Lilita Carrió y Ángel Rozas en la última campaña electoral para legisladores nacionales y provinciales, luego de que, no ha muchos años, la apocalíptica eterna parturienta de una nueva patria lo tratara cuanto menos de delincuente.
Contradicción que los ediles aliancistas estén preocupados por legislar medidas de seguridad en el uso de ascensores. Claro, nuestra ciudad está llena de rascacielos y torres colmados de cientos de miles de ascensores que deambulan por ellos sin que los pasajeros estén cubiertos por la legislación de una ciudad en la que poco importan los que de hambre de comida, palabras, trabajo y dignidad mueren todos los días.
Nadie resiste un archivo. Es cierto. Y, hurgando en ellos seguramente habría para todos los partidos. Pero, de todos ellos, nuestros amigos radicales parecen una caja de Pandora que a cada rato se abre para sorprendernos con una nueva peste.
Es la contradicción la que convierte a las ideas, a las palabras, a la vida y a la misma Biblia en sólo una cuestión de palabras.

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Avalanchas

Por José María Pasquini Durán, Página 12. ¿Argentina no está necesitando de alguna fiesta que levante los ánimos? No se puede vivir con la bronca alzada siempre, porque entonces todo se desmerece. Como el Gobierno peleó con los principales dueños de las noticias, el jueves en lugar de celebrar la asignación universal para cinco millones de chicos (hasta los 18 años), lo único que retumbaba en las pantallas, además de los crímenes de cada día, era el paro parcial de subterráneos y el corte de la Panamericana por un puñadito de veteranos de Malvinas.

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El Big Brother se retuerce

Por José Steinsleger, La Jornada. Cuán vasto y profundo habrá sido el terrorismo de Estado en Argentina (1976-83), que sólo un par de años después del golpe militar la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) admitió el clima de inseguridad y miedo reinante en las redacciones del país rioplatense. Para entonces, la tarea de exterminio y ocultamiento había alcanzado sus objetivos. Sin contar las víctimas del calentamiento previo (gobierno constitucional y represivo de Isabel Martínez), 118 periodistas y escritores fueron asesinados o desaparecidos. El Big Brother mediático y los adalides criollos de la libertad de expresión no se dieron por enterados.
Periódicos centenarios como La Nación (1870), La Prensa (1869), entre otros de gran tirada de la segunda mitad del siglo pasado (Clarín, Crónica, La Opinión), acataron al unísono el comunicado militar número 19 que establecía penas de 10 años de reclusión “al que por cualquier medio difundiere, divulgare o propagare noticias, comunicados o imágenes con el propósito de perturbar, perjudicar o desprestigiar la actividad de las fuerzas armadas, de seguridad o policiales”.
Favorito de las clases medias, el editorial de Clarín dijo el día del golpe: La palabra presidencial (mensaje del general Videla) sin buscar aplausos anticipados ha fijado un rumbo apto para la solución de los problemas nacionales. En tanto La Nación (legendario vocero del medio pelo aristocrático) intituló el suyo con sobriedad: La edad de la razón.
El crimen pagó con creces. Por los servicios prestados, los militares traspasaron las acciones de la empresa mixta Papel Prensa SA a Clarín, La Nación y La Razón (1977). Felizota, doña Ernestina Herrera de Noble adoptó un par de niños. Sin embargo, a pesar de los emplazamientos legales de los organismos de derechos humanos, la justicia no ha podido dilucidar si los hijos de la dueña de Clarín son hijos de desaparecidos. Algo que, seguramente, para sus medios carece de importancia.
En una extraordinaria investigación acerca de la actitud de la prensa de la época, Eduardo Blaustein y Martín Zubieta precisan que la mayoría de las víctimas no fueron por haberse atrevido a publicar sus verdades "sino en su calidad de delegados sindicales o por su relación con organizaciones partidarias, de derechos humanos o político-militares" (Decíamos ayer, Ed. Colihue, 1998, p. 23).
Tal es la catadura de los grandes propietarios que hoy embisten contra la nueva ley de medios, promulgada por la presidenta Cristina Fernández el 9 de octubre pasado (ver artículo anterior, 14/10/09).
Kirchner ya tiene la ley de control de medios, tituló Clarín. O sea que frente a lo que es normal, legal y aceptado en cualquier país democrático, el propósito oficial de asignar las frecuencias radioeléctricas y establecer las condiciones que deben cumplir los dueños se califican de censura.
En descargo, Clarín publicó durante varios días un texto angelical intitulado 64 años creyendo en el país y construyendo medios argentinos. Empieza así: “Usted conoce Clarín. Somos un diario que nació en 1945 con una mirada nueva. La de ser un diario masivo y de calidad... Que privilegia la información y que desde lo editorial apuesta al desarrollo integral de la Argentina… Cuidando la independencia empresaria como reaseguro de la periodística”.
Continúa: “La paradoja es que en varios aspectos este proyecto se emparenta con la vocación de fragmentar y controlar que tenía la ley de la dictadura (¡sic!)… se imponen restricciones arbitrarias y alejadas de los ejemplos internacionales… desacreditar a los medios de comunicación como contrapeso de la democracia… Cuando las leyes son pensadas contra algunos, cuando el personalismo utiliza el poder del Estado y no encuentra freno en las instituciones, están en riesgo las garantías de todos”.
Cínicamente, el poder mediático argentino eligió el camino de la confrontación. ¿Debatir? Si lo hiciere, pondría al desnudo sus intereses corporativos. Cosa que trata con el eufemismo empresas periodísticas independientes, destinado a ocultar la realidad de un poder monopólico y oligopólico en manos de sólo cuatro empresas que absorben 84 por ciento de la demanda comunicacional.
El presidente de la Unión Cívica Radical, Gerardo Morales, observó que los principios que inspiran la nueva ley de medios “se basan en una teoría que tiene su basamento en la expansión del Estado”. Por su lado, el diputado Francisco de Narváez (consultar perfil en La Jornada, 1/7/09) aseguró que “la ley pretende controlar los medios de comunicación y la opinión pública”. Y aclarando que no la leyó, la comparó con el nuevo cuco del Big Brother: la política de comunicación chavista (sic).
En consonancia con algunos sectores de la izquierda elitista, ambos dirigentes esgrimieron la típica falacia liberal: medios de comunicación independientes del poder político. Como si frente a la apabullante dictadura mediática del capital monopolista, en Argentina, México y América Latina, el Estado no fuese la única fuerza política capaz de balancearlo.

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¿Cuándo murió Mercedes Sosa?

José Luis Brés Palacio

Vieja costumbre la olvidar las faltas de los muertos. Ésta era casi una marca registrada en mi familia. Recuerdo siempre que en el velatorio de un tío que se había muerto de cirrosis hepática que la única en admitir la humanidad del muerto fue mi tía Carmen.
“Murió de borracho, pero su mayor virtud fue la coherencia. Mamó hasta el último momento de su vida”, dijo.
Me temo que esta costumbre familiar responde a un mandato social asentado en el inconsciente colectivo. Quizás la prueba la tengamos con la cobertura periodística de la muerte de algún artista popular, o mejor, de aquellos que comúnmente llamamos “ídolos”.
Ayer, murió Mercedes Sosa.
En realidad, para algunos (muchos o pocos no importa en este caso), la voz de la Cantora se había callado cuando, en 2007, declaró que votaría por Mauricio Macri.
Cuando estalló aquella bomba, todos ardían en análisis políticos y de todos lados llovían comentarios; burlones, unos; críticos, otros.
Recuerdo también que en mí no había lugar para el análisis. Lisa y llanamente, me sentía traicionado. La Negra, quien me había hecho feliz tantas veces con sus declaraciones e interpretaciones de temas que no eran sólo arte. Eran ideología hechas sonido. Su voz me cautivaba a tal punto que, cuando me fui a verla en vivo, la emoción fue tanta que tardé varios minutos en darme cuenta de que estaba llorando. De alegría, pero llorando.
Como lloré, pero de tristeza, cuando por la radio, y en el programa que había creado con su genialidad, anunciaron que Adolfo Castelo (con una sola ele) había muerto.
Es que nuestros artistas (y más los “progres”) se habían vuelto referentes políticos nuestros.
Error.
El día que para mí Mercedes Sosa murió aprendí, con dolor y bronca, que el arte es esencialmente político; pero que los artistas tienen una ideología cuanto menos “voluble”, que son falibles y que, a veces, pueden llegar a ser falaces.
Lo aprendí mientras el negro humo que desde mi patio hacían los discos de La Negra al arder.
Mucho tardé en entender que aquella tarde no incineré lo que Mercedes Sosa había dicho (y hecho al decirlo), sino que había destinado a la hoguera a la creación de muchos poetas y músicos latinoamericanos que habían llegado a mí por la voz de la Cantora. Sólo por su voz. No por su coherencia o su genialidad.
Tardé, pero aprendí.
Y, nobleza obliga, extraño todo aquello que disparaba en mí esa voz.
Por eso, por estos días trataré de andar lejos de televisores y radios.
No sea cosa que, entre tanta pompa y circunstancia, se les ocurra poner en el aire la voz de La Negra.
Y la perdone.

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La prensa y la billetera

Fito Paniagua

El dirigente radical chaqueño Carlos Urlich condenó, hace unos días, a la “prensa adicta” al gobierno del peronista Jorge Capitanich, quien, según el hoy diputado nacional, “ha premiado a sus amigos con suculentas pautas publicitarias”. Urlich puso el dedo en la llaga en un tema crucial: el manejo de la publicidad oficial. Claro que, planteado por Urlich, el asunto pierde toda seriedad y se transforma en un acto de insolencia.
Según el radical, algunos periodistas chaqueños “no son más que escribas del poderoso de turno”, los editoriales y notas de opinión de esos “escribas rentados ya parecen simples dictados desde la Casa de Gobierno” y todo eso revela “cómo opera la billetera en la prensa, atacando a opositores y promoviendo sólo voces oficialistas”.
Es cierto que la prensa chaqueña padece de oficialismo congénito gracias a los millonarios desembolsos por publicidad oficial, pero Urlich, en su bravata publicada en DiarioChaco.com, omite un detalle importante: durante las gestiones de sus correligionarios Ángel Rozas y Roy Nikisch las cosas no fueron distintas.
El radicalismo chaqueño, en el poder desde 1995 hasta 2007, implantó un férreo control de la prensa a través de métodos equiparables con los de la dictadura militar y el manejo discrecional de la publicidad oficial. Según una denuncia de la Fundación Nelson Mandela, Rozas gastó, entre 1996 y 2003, 500 millones de dólares en publicitar su gestión, un dispendio ignominioso para una provincia con índices alarmantes de pobreza, analfabetismo, mortalidad infantil y necesidades básicas insatisfechas.
El gobierno radical tuvo también sus propios escribas rentados -los mismos que hoy escriben para Capitanich-; se apropió de los medios de comunicación privados con programas de clara factura oficialista, todos financiados con dinero público, y hasta tuvo una radio que, en forma ilegal, trasmitía vía satélite para el interior provincial desde el edificio de la Casa de Gobierno.
Durante los años dorados del rozismo, la Subsecretaría de Información Pública operó con poder de policía sobre los medios, con facultades para apretar, censurar y decidir despidos de periodistas. Claro está que semejante atropello a la libertad de prensa se pudo consumar con la anuencia de empresarios que vieron en el servilismo y la mentira un gran negocio, y de periodistas de renombre que, cheque en mano, actuaron como punteros políticos del radicalismo.
La billetera de la que habla Urlich sirvió para instalar el soborno y la extorsión como métodos legítimos para degradar el rol de la prensa al nivel de la alcahuetería. La degradación fue tal, que propietarios y directores de medios viajaron por el mundo como parte de la comitiva de Rozas, con todos los gastos a cuenta del erario público.
En esos aciagos tiempos, la información pasó a ser un monopolio exclusivo del Estado y los medios quedaron reducidos a apéndices del gran centro editor de contenidos, la Dirección de Prensa, desde donde se daba licencia para divulgar noticias falsas, montar campañas difamatorias contra los “enemigos” del gobierno, legitimar en la opinión pública todo tipo de atropellos institucionales y encubrir a funcionarios implicados en la comisión de ilícitos.
El propio Urlich -hay que decirlo- tiene cuentas pendientes con la Justicia. Su paso por la presidencia de la Cámara de Diputados del Chaco, durante el gobierno de Rozas, está marcado por una escandalosa artimaña para eludir una causa judicial en su contra que investiga el destino de 13 millones de pesos de un fondo para la construcción del edificio legislativo.
Hoy en la oposición, Urlich se arroga autoridad para criticar las prácticas de un periodismo a todas luces prostituido y degradado como el chaqueño, pese a que él fue miembro activo del régimen que propició y estructuró un sistema prostibulario bajo el que nadie pudo informar ni expresarse libremente durante una década.
Así, su duro embate contra la prensa chaqueña es una verdadera afrenta. Lo es para quienes han padecido la censura del gobierno radical, como les ha sucedido a dos columnistas de este blog, y lo es también en momentos en que se debate en el Congreso la nueva ley de radiodifusión, que ha despertado en la UCR y otros partidos de la oposición una enfurecida pero poco creíble defensa de la libertad de expresión.

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No la ven

Hernán Álvarez,
periodista



Una madre desalojada y sus hambrientos hijos tirados en el pavimento. Un abogado ex rugbier recién salido de la cama solar, Cúneo Libarona, en un modesto hotel céntrico, denuncia a Ricardo Colombi por enriquecimiento ilícito. El secretario privado del gobernador está preso por lo mismo. Una solicitada de su madre ruega por su libertad y le pide a Ricardo que deje de manejar la Justicia. La otra madre no sabe lo que es enriquecerse y resiste en su intento de conseguir una vivienda. No la ven.
Arturo Colombi acaba de prometerle 300 pesos a cada empleado público (son 75 mil) para que lo voten. El peronismo (¿peronismo?) que no termina de entrar en escena. Una denuncia de fraude que no surte efecto. La izquierda (¿la izquierda?) que nadie sabe dónde está. No la ven.
Un tenso clima de campaña electoral. Los sindicatos que no convocan a nadie. Un balotaje entre dos primos. Un ex gobernador condenado tres veces, en libertad. Su hermano, otro ex gobernador, lo defiende. La Justicia (¿la justicia?) afirma ser independiente. El gobernador entra al despacho del presidente de la Junta Electoral, un juez de la provincia. El gobernador se retira del despacho. Entra otro candidato a gobernador. La Justicia reitera que es independiente. No la ven.
Ricardo denuncia que quieren provocar la intervención federal número veinte para no dejarlo asumir. Tato Romero Feris denuncia que buscan meterlo preso. Su hermano lo defiende otra vez. Dos primos responden (¿responden?) a preguntas (¿preguntas?) sobre sus propuestas (¿propuestas?) para gobernar la provincia. Los escucha un centenar de correntinos “iluminados” en una modesta sala del Consejo de Ingenieros. No la ven.
La Justicia ratifica que la desalojó porque ocupada una vivienda ajena. Un ex comisario enjuiciado y detenido dice que no sabe dónde están los desaparecidos. Dos hermanos, muchos hermanos, piden justicia hace tres décadas. La madre sigue en la calle, la campaña electoral también. No la ven.
A otras miles tampoco. El abogado dice que trabaja gracias a muchas causas de corrupción en el país. En algunos casos acusa, en la mayoría defiende. La pelea por la fecha del carnaval es más fuerte. La madre y sus hijos desalojados rechazan ir a un albergue hasta que termine el balotaje. Siguen en la calle. Arturo habla de la unidad de la familia. Ricardo también. Los “iluminados” los miran. No la ven.
El 70 por ciento de los correntinos los vota. “Vuelve Ricardo”, “Estamos con Arturo”. No la ven.

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Corrientes, ¿hacia el último día y el primero de lo mismo?

Fito Paniagua

Pese a que era previsible que los hoy enfrentados primos Colombi iban a terminar disputándose la gobernación de Corrientes en segunda vuelta, los resultados de las elecciones del domingo 13 en esta provincia dejaron lugar para las sorpresas, todas ellas, malos tragos para Arturo Colombi, que intenta ser reelegido como gobernador, y duros golpes para quienes manejaron su aparatosa y millonaria, y por eso mismo inmoral, campaña electoral.
Arturo no sólo no ganó la primera vuelta, como insistió hasta último momento el consultor Luis Costa Bonino, responsable de la campaña del gobernador, sino que apenas entró en la segunda. Según el escrutinio provisorio, quedó a sólo 8 décimas del candidato kirchnerista Fabián Ríos, que se ubicó tercero y confía en poder desplazar al gobernador del balotaje si se recuentan bien los votos.
Los cómputos provisorios quedaron muy lejos de los números de Costa Bonino, que, en lo que fue uno de los papelones del domingo, le adjudicaban una victoria a Arturo con el 41 por ciento, a 10 puntos de Ricardo Colombi, lo que le hubiera permitido festejar su reelección esa misma noche. Al final, ganó Ricardo, ex gobernador y mentor de Arturo, por casi 5 puntos, y ahora todo se definirá el 4 de octubre, en el balotaje.
Pero las urnas le tenían preparada otra desagradable sorpresa al gobernador. Su candidato a intendente en la capital, Eduardo Tassano, perdió ante el debutante en política Carlos Espínola, un deportista orgullo correntino y nacional por sus medallas olímpicas. Costa Bonino le había adjudicado a Tassano un cómodo triunfo en el distrito más importante de la provincia.
Pese a que los resultados fueron parejos, el desempeño electoral de Arturo, radical aliado al vicepresidente Julio Cobos, representó una dura derrota, al punto que, ya en las primeras horas del lunes, cobró fuerza la versión, al final desmentida, de que el gobernador renunciaría a la segunda vuelta, emulando la cobarde deserción de Carlos Menem en 2003.
En la cúspide del poder político desde 2005, cuando sucedió a su primo Ricardo, Arturo apostó todo a su reelección, y todo significa dispendio de dinero, un montaje propagandístico desmedido en relación con su deslucida gestión (la única “gran” obra pública que pudo exhibir es la Costanera Sur, en la capital provincial) y el escandaloso financiamiento con fondos públicos a periodistas y a medios de comunicación. Según algunas denuncias, Arturo pagó en agosto 28 millones a empresas periodísticas, en concepto de publicidad oficial.
A través de un poderoso aparato de prensa y comunicación, que incluye una agencia de noticias paraestatal que entrena a jóvenes periodistas en perdularias prácticas, Arturo construyó una falsa imagen de líder popular y de una gestión de gobierno dinámica y de progreso. Sin embargo, el gobernador finaliza su mandato estigmatizado por la corrupción (su secretario privado está preso, acusado de enriquecimiento ilícito), los desbordes autoritarios, la improvisación, la inacción en áreas como salud y educación, la confrontación con los sindicatos de empleados estatales, la administración contable de la miseria... En definitiva, una forma sátrapa de ejercer el poder y de hacer política.
Arturo Colombi no representó ningún cambio para la agitada vida institucional de la provincia, que tuvo que soportar dos intervenciones federales desde la reinstauración democrática de 1983, la última, en 1999, dispuesta en medio de un grave cuadro de convulsión social que incluyó dos muertos.
En verdad, los primos Colombi tuvieron la oportunidad histórica de quebrar el sistema feudal imperante en la provincia. Sin embargo, optaron por su continuidad y, en algún sentido, por perpetuarlo. Claro que si se tiene en cuenta que ellos provienen de Mercedes, centro del conservadurismo ganadero y una de las localidades más atrasadas y pobres de la provincia, no habría que sorprenderse.
Con perfil de capanga, Arturo gobernó la provincia amparado en un entramado estatal perverso y venal, que funciona como un mecanismo de relojería. Una Legislatura que no legisla y que se dedica sólo a las componendas, un Poder Judicial que no imparte justicia, un Tribunal de Cuentas que no controla, un fiscal de Estado que actúa como abogado del gobernador… todo ensamblado con una resistente amalgama de devolución de favores, complicidades y encubrimientos.
Para colmo de males, en Corrientes, las únicas estructuras que podrían al menos corroer los cimientos de este entramado, las organizaciones civiles y la prensa, están desactivadas. En rigor, la sociedad civil, fragmentada y desestructurada, no puede, o no quiere, generar sus propias defensas contra un poder político y económico que somete a los sectores más débiles a todo tipo de padecimientos.
Timorato como es, el correntino medio acepta gustoso que una casta parasitaria y rapaz lo gobierne y decida su destino. Claro que bajo esa condición de imbele subyacen la incultura y el analfabetismo más estructural. Es más, el correntino se siente orgulloso de ser “bruto”, palabra que en Corrientes no quiere decir otra cosa que ignorante.
En cuanto a la prensa, vetusta y anquilosada en sus formas y contenidos, y con intereses sectoriales que defender, la prensa correntina omite deliberadamente las trapisondas y los chanchullos del poder y tiende a anclar en la sociedad a través de la profusa difusión de manifestaciones masivas de fe, como las peregrinaciones a la Basílica de Itatí y las fiestas populares del interior, siempre haciendo hincapié en la devoción católica y el apego idiosincrásico del correntino como fenómenos extraordinarios.
Con semejante cuadro, es muy difícil pensar que en Corrientes se puede generar un verdadero cambio desde lo que se denomina “dirigencia”. La alternancia en el poder político en estas tierras no es más que un cambio de figuras y nombres, retoques cosméticos. Los males de fondo, estructuras retrógradas institucionalizadas que horadan lo público y lo privado y profundizan el subdesarrollo económico y cultural, son una metástasis por ahora inextirpable.
Aun así, con los resultados electorales del domingo, se puede decir, con más de esperanza que de convicción, que la dirigencia política correntina ya no tiene la vaca tan atada. Y digo, nótese, “tan” atada. Porque, después de todo, el casi seguro retorno de Ricardo Colombi al poder (todo indica que él ganará la segunda vuelta) no alienta a imaginar en Corrientes una especie de perestroika.
Por el contrario, de ganar Ricardo, es probable que la retirada de Arturo se dé con un pacto de impunidad, a fin de asegurar eso que suelen llamar “gobernabilidad”, que no es otra cosa que hacer la vista gorda de graves desaguisados para evitar que el estallido de complicidades y connivencias termine salpicando a todos.
Quizá valga la pena aquí recordar lo que cuenta Eduardo Galeano en La independencia que no fue, en su obra Espejos, a modo de proyección de lo que podría ocurrir en Corrientes el 10 de diciembre si todo se define como se prevé. “El 10 de agosto de 1809, mientras la ciudad de Quito celebraba la liberación, alguna mano anónima había escrito en un muro: Último día del despotismo y primero del mismo”.

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Hechos y preguntas

José Luis Brés Palacio

Hecho
La radiodifusión argentina está legislada aún por una legislación de la última dictadura cívico-militar.
Pregunta
¿Hay razón para que, a más de 25 años de democracia, esta situación continúe vigente?
Hecho
El menemato consumó en los 90, en complicidad con sus “socios ideológicos” del grupo Clarín, entre otros, la posibilidad de que éste perpetrara una concentración pornográfica de empresas de medios de comunicación masiva.
Pregunta
¿La concentración monopólica, en cualesquiera de las áreas de la sociedad, no se da de bruces con los principios democráticos más elementales?
Hechos
Desde que se inició el mandato de Cristina Fernández, los medios del grupo Clarín han intentado crear la imagen de la primera mandataria nacional como el pararrayos de todo lo indeseable. Para ello, no han escatimado esfuerzos ni palabras. Su “alianza” con cualquier sector que se opusiera al Gobierno es tan obvia como grosera. Con las palabras, no fueron menos vulgares. Convirtieron, a través de la palabra, al conflicto de los exportadores de soja en un problema de todos los argentinos. Intentaron colgar del cuello de la presidenta el cartel de “enemiga número uno del pueblo”. El material que se utilizaba en talleres con docentes respecto de la educación sexual convirtió a Cristina (para el grupo Clarín y lo más recalcitrante de la derecha argentina) en algo así como una “degenerada irredimible”. Sólo les falta tildarla de “botinera”, “drogona” y quién sabe cuántas falacias más.
Pregunta
¿Hasta cuándo el grupo Clarín seguirá escondiéndose tras los eufemismos cuando lo que realmente lo tiene “irritado” es la posibilidad de que el Parlamento apruebe una ley de radiodifusión que “atenta” contra sus intereses de empresa?
Otra pregunta
¿Hasta cuándo seguirá tratando el grupo Clarín de convencer que la libertad de prensa es “su” libertad de empresa?
Hecho
La sociedad argentina merece una ley de medios audiovisuales que contemple los nuevos avances tecnológicos en el área tras la irrupción de la red de redes (internet).
Preguntas
¿Cuál será el ataque ahora? Por el proyecto de ley de medios audiovisuales, ¿tildarán a la presidenta de “tarada esnobista”?
Hecho
Tras la presentación del proyecto de ley de medios audiovisuales por parte del Poder Ejecutivo Nacional, los argentinos conoceremos por primera vez en nuestra historia una ley que regule democráticamente los medios que transmiten información a la sociedad en su conjunto.
Preguntas
¿Seguirá el grupo Clarín intentando parapetarse tras las palabras?, ¿continuará tratando que los argentinos creamos que el bien común, el derecho a la información y la distribución equitativa de la “palabra pública” tienen como única manifestación la de sus espurios intereses económico-financieros?
Hecho
Aún los estados contemporáneos de sociedades ultracapitalistas, atacan severamente la constitución de monopolios sin que la prensa tilde a esos gobiernos de autoritarios y censuradores.
Pregunta
La derecha vernácula, ¿qué tipo de excusas esgrimirá para seguir sosteniendo lo indefendible de sus aliados de turno?
Hecho
El grupo Clarín y sus socios procuran que su voz siga siendo la única con derecho a ser escuchada.
Pregunta
¿Será que los argentinos, todos los argentinos, asumiremos de una buena vez y por todas que en el aire de nuestro país merecen escucharse todas las voces?

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Deleznable embestida de la oposición y la prensa

Fito Paniagua

Desde que se desató el conflicto entre el Gobierno y el “campo” (palabra que el periodismo usa para referirse a la patronal ruralista), a principios de 2008, la oposición y la prensa ligada a los sectores más reaccionarios de Argentina lanzaron una ofensiva contra la presidenta Cristina de Kirchner con golpes tan burdos y montaraces que, si no fuera por que están en juego las instituciones de la república y el futuro del país, nadie podría tomárselos en serio.

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El sentido de la pelea por la ley de medios

Hernán Álvarez,
periodista



La derecha argentina, que defiende con uñas y dientes el monopolio del discurso en su poder, intenta por estos días acabar con un debate político que lleva tres décadas y que está legitimado académicamente en todas las universidades públicas del país.
La ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que impulsa el gobierno nacional y que pretende regular el acceso y la propiedad de los medios de comunicación, es reclamada desde el regreso de la democracia para reemplazar la norma impuesta por la dictadura, que, desde sus modificaciones durante los 80 y 90, les permite a las grandes empresas tener la propiedad absoluta del discurso en los procesos de comunicación masiva en este país.
El proyecto oficial que debate el Congreso argentino prevé limitar la tenencia de medios a través de una cantidad determinada de licencias de señales de radio y televisión por empresas, límites que constituyen el punto central, el más reclamado de todos, de esta pretendida norma.
Desde 1983, la famosa ley de Videla fue modificada en varias oportunidades por presiones de los propietarios de los grandes medios ante los presidentes Raúl Alfonsín y Carlos Menem. En octubre de 1996, Menem abortó la minúscula participación que tenían las cooperativas sociales de acceder a licencias de radios, con un retoque al artículo 45 de la norma y dio paso a la conformación del más gigantesco monopolio de medios de América latina: Clarín.
Limitar la cantidad de licencias significa llevar a la práctica la pluralidad comunicativa, en un contexto de construcción democrática y en un proyecto de país que busque y concrete la igualdad para todos los sectores de la sociedad frente a la comunicación masiva.
La vigencia de la ley de facto significa mantener “zona liberada” para los grupos económicos en el control de la información, en el control de la práctica comunicativa y, por lo tanto, en el control del proceso de producción de sentido de un país.
La comunicación es el sentido del hombre que vive por y para la comunicación. La cultura no es, ni más ni menos, que el proceso de producción de ese sentido. Son los grandes grupos económicos los que elaboran y reelaboran las prácticas comunicativas de este país, son los que dicen, hacia adentro y hacia a fuera de él, cómo es la Argentina, quiénes viven en ella y de qué color de piel son sus habitantes.
Entonces, resulta absolutamente antidemocrático que los monopolios de los medios de comunicación masiva sigan protegidos por la ley de facto, no sólo por el origen de ésta en dictadura, sino también por la sencilla razón de que resulta antidemocrático que un monopolio tenga en sus manos ese proceso de producción de sentido que no es otra cosa que la cultura.
Ésta es, quizá, la síntesis más sencilla que pueda hacerse en defensa del democrático proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, sin entrar a analizar el discurso racista de los principales grupos, como el caso de Clarín.
Clarín, que se presenta ante la sociedad como el Gran Arzobispado o la Gran Corte Suprema Argentina, es el principal grupo que se opone a esta regulación estatal en el control de la comunicación masiva, por la sencilla razón de que sus medios son la pieza clave para el pretendido éxito electoral y económico de la derecha argentina.
La historia es el resultado de un proceso de producción de sentido y, en este caso, la historia del periodismo se encargó, y se seguirá encargando, de que Clarín no resista a sus propios archivos: la historia del periodismo mundial condena a Clarín como uno de los grandes impulsores de los procesos antidemocráticos de los últimos 50 años en Argentina. Pretendió siempre legitimar los intentos de la derecha para desestabilizar los gobiernos democráticos que implementan sólo algunas medidas que tocan sus intereses, como el actual gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
Contra la reproducción sistemática que Clarín emprendió hace dos meses en contra de la ley Servicios de Comunicación Audiovisual, marchan décadas de debates en los ámbitos académicos.
La insólita presencia de una ley de facto en democracia motivó que las universidades públicas argentinas en todas sus carreras de Periodismo y Comunicación Social adoptaran esta norma como parte central de sus programas de estudio en varias asignaturas.
Durante años, profesores y alumnos, ligados a las artes, la comunicación y al derecho, se han dedicado a múltiples estudios sobre la interacción de todo lo que permite esta ley en la sociedad argentina. Basta con mencionar el caso de los estudios sobre la industria cultural en Argentina para notar con claridad que en la universidad pública se reclamó históricamente la participación democrática en los procesos de reproducción cultural. Los medios son instrumentos de reproducción cultural y, por lo tanto, se reclamó históricamente desde las aulas sancionar leyes que eviten la monopolización. Desde el punto de vista de la industria cultural, se entiende que romper la monopolización de los medios es, actualmente, un punto de partida hacia la democratización en los procesos de reproducción cultural.
Contra la propuesta desestabilizadora de la derecha, el debate está largamente legitimado en todos sus puntos de vista: académico, político, cultural, económico y jurídico.
Otro aspecto que legitima esta ley impulsada por la Casa Rosada está relacionado con el ejercicio profesional de los periodistas y demás trabajadores de medios masivos de comunicación. Quizá sea el aspecto menos importante, si se tiene en cuenta la magnitud de la ley en el proceso de reproducción cultural. La inmensa mayoría de los periodistas del grupo Clarín, salvo raras excepciones como el caso del “arzobispo” Nelson Castro -un médico dedicado a la televisión y la radio-, están de acuerdo con ponerle límites a este monopolio. Algunos, preocupados por un interés colectivo; otros, porque saben que si no se arrodillan ante el discurso monopolista, simplemente se quedan sin espacios en los medios. Es el caso de la gran preocupación interna entre los trabajadores que generó la fusión Multicanal-Cablevisión. El periodista de Clarín que es expulsado de un medio de este grupo (TV, radios, diarios, revistas, editoriales, etc.) queda automáticamente desvinculado del resto de los medios del monopolio.
Estos son sólo algunos aspectos por los que cobra sentido la pelea por la “ley de control de medios”, como la llama Clarín. Los alfiles de la derecha en el Congreso dicen que el Gobierno avanza a las apuradas con el debate, sin darle tiempo a la sociedad argentina para el análisis del proyecto, cuando en verdad lo único que pretenden es hacer que fracase, otra vez, una ley que le pondrá límites a la tenencia de medios y dará pluralidad a la producción comunicativa.
Clarín mantuvo silenciado este debate durante toda la vida de la ley de la dictadura y pretende hoy hacer creer que ésta es una ocurrencia más de los Kirchner en el avasallamiento de las instituciones.

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